El ex alcalde de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana Quintana, defendió durante su declaración ante la juez para responder por un presunto delito de corrupción urbanística que durante su mandato “el Ayuntamiento se dedicó a cumplir un convenio urbanístico” que afectaba a las parcelas T6 y T1 de El Tablero.Santana Quintana, que fue alcalde por Coalición Canaria y ahora milita en Nueva Canarias, declaró durante dos horas y media en calidad de imputado por un delito de corrupción urbanística en el que también se hayan implicados otros dos ex alcaldes. Además, Santana argumentó que las resoluciones judiciales surgieron cuando él ya no estaba gobernando.Manifestó, tras prestar declaración durante dos horas y media ante la juez Inmaculada Verona Rodríguez en Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, que por los informes jurídicos se aprecia que el proceso en el que se cuestiona la propiedad de los terrenos surge entre 2001 y 2003, una fecha en la que ya él estuvo pocos meses en el Ayuntamiento. “Fue mucho después cuando surgieron las resoluciones judiciales”, aseveró. Añadió que “hasta ese momento, el Ayuntamiento estaba convencido de que estaba ante un convenio urbanístico y no había sido denunciado por nadie. Es más, los que firmaron ese convenio disfrutaban de lo convenido y por tanto, el Ayuntamiento, también de las contraprestaciones recibidas”.Por su parte, Marco Aurelio Pérez, ex alcalde ‘popular´ del municipio, estuvo sólo durante media hora declarando y se presentó ante la juez con un voluminoso paquete de documentos para acreditar su inocencia. En torno a las 15.00 horas, Pérez abandonó las dependencias judiciales y se negó a hacer declaraciones sobre las respuestas que proporcionó a los seis letrados que asistieron a la comparecencia, que no fue interrumpida una vez que se cerraron al público las puertas del edificio. La tercera en declarar fue Concepción Narváez, ex edil socialista, que al cierre de esta noticia continúa declarado ante la juez Verona.Los tres imputados acudieron a los Juzgados de San Bartolomé poco antes de las 10.00 horas, en primer lugar Santana y Narváez y poco después Pérez. A los tres se les imputa un delito de prevaricación urbanística por haber permitido, mientras estaban en el gobierno municipal la construcción de viviendas de protección oficial en un terreno particular sin la autorización de la familia Viera Pestana, propietaria de los mismos. Los terrenos corresponden a las parcelas T6 y T1, ubicadas entre el campo de fútbol y el colegio Aguañac, situadas en el barrio del Tablero, en el municipio sureño.Al parecer, en el marco de esta investigación también se encuentra un litigio entre la propia familia pues varios de sus componentes han denunciado a la persona que tenía poderes para firmar la venta de los terrenos. Es por ello que uno de los integrantes de la familia ha tenido que acudir hoy también a declarar en calidad de imputado.Discuten mediante cruces de querellas que la rúbrica del apoderado es falsa y que por tanto no los representa, una denuncia que fue presentada en el año 2002. El conflicto entre las seis familias y los más de 200 herederos de Viera Pestana se remonta al año 95 cuando se aprueba el convenio para urbanizar El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana.
Ortega Smith-Molina, VOX
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