El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará un Pleno de carácter extraordinario el próximo día 11 de noviembre al que el Grupo de Gobierno elevará una declaración institucional elaborada conjuntamente por todos los municipios de la Isla en contra de los recortes de los fondos sociales anunciados por el Gobierno de Canarias.
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, recordó que “los ayuntamientos no tenemos las competencias de varios de los ámbitos de los Servicios Sociales, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por asumirlas y mantener esas asistencias tan necesarias para el bienestar de nuestros ciudadanos”. Sin embargo, explicó que “si siguen recortando los fondos económicos destinados a estos servicios, nos veremos obligados a devolver las competencias al Gobierno de Canarias”.
Torres destacó la importancia de que el Gobierno canario mantenga como mínimo las partidas asignadas en el Presupuesto del presente ejercicio, ya que de lo contrario “sufrirán las consecuencias los sectores más débiles de la población, que son los usuarios de servicios sociales como el colectivo de discapacitados, drogodependientes, víctimas de violencia de género, menores o víctimas de la exclusión social, y eso es algo que no podemos consentir”.
Según María del Pino Torres, “en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no estamos dispuestos a seguir asumiendo el hecho de destinar a la cobertura de estos servicios sociales que son competencia directa del Gobierno de Canarias, dinero municipal que tendría que estar destinándose a cubrir y mejorar servicios públicos municipales que sí son de estricta competencia municipal y de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento como administración local”.
Por su parte, la concejala del área Carmen Pérez, que ha sido la encargada de asistir a las reuniones de estudio celebradas con otras concejalías de Servicios Sociales de los ayuntamientos de la isla que se sienten perjudicados, mostró su preocupación por esta situación insostenible y que perjudica de manera clara a la prestación de estos servicios.
El documento que se elevará a Pleno contempla la precaria situación de la realidad estructural en el Sistema de Público de Servicios Sociales de Canarias, que avoca a las entidades municipales a soportar un déficit en los recursos económicos, materiales, financieros y humanos que garanticen la prestación de los servicios sociales con garantías de calidad. Dicha situación obliga a los ayuntamientos a no poder garantizar los derechos básicos de los vecinos en materia de acción social.
Por lo tanto, la propuesta expresa la protesta de la Corporación al Gobierno de Canarias ante el recorte presupuestario anunciado en materia de Bienestar Social para el año 2011, y le exige que restablezca la partida del presupuesto ejecutado en el presente ejercicio para el correspondiente al 2011 para estas competencias.
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